Esta semana, un tribunal federal de apelaciones escuchó los argumentos en una demanda en curso sobre el intento del Departamento de Justicia de Estados Unidos de obtener el registro completo y sin censura de votantes de Michigan, incluida información privada de los votantes, como el número de la Seguridad Social.

El caso se deriva de una solicitud presentada en 2025 por el Departamento de Justicia para obtener datos del censo electoral de Michigan y otros estados, como parte de un esfuerzo más amplio relacionado con el mantenimiento del censo electoral y las acusaciones de voto de personas no ciudadanas. En septiembre pasado, Michigan facilitó información pública sobre los registros de votantes, pero se negó a divulgar información personal confidencial, argumentando que hacerlo violaría las leyes estatales y federales.

Posteriormente, el Departamento de Justicia demandó a Michigan después de que el estado se negara a proporcionar los registros sin censurar.

En febrero de 2026, La jueza principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Hala Y. Jarbou, desestimó la demanda, dictaminando que las leyes federales citadas por el Departamento de Justicia no obligaban a Michigan a revelar la información. El gobierno federal apeló esa decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito.

El tema central de la audiencia de esta semana fue si la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, está legalmente obligada, según la Ley de Derechos Civiles, a proporcionar al gobierno federal registros de votantes actualizados de forma continua.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que los funcionarios electorales de Michigan "entran en posesión" de los registros de votantes cada vez que los votantes actualizan o cambian su información de registro. Los abogados que representan a Michigan argumentaron que la ley se aplica solo a registros electorales específicos, no a la base de datos de registro de votantes del estado, que se actualiza continuamente.

Funcionarios de Michigan y defensores del derecho al voto también han expresado su preocupación por las implicaciones para la privacidad que conlleva la divulgación de información confidencial relacionada con más de 8 millones de votantes registrados.

Según los documentos judiciales a los que se hizo referencia durante la audiencia, Michigan ha cancelado más de 1,4 millones de inscripciones de votantes desde 2019 mediante esfuerzos de mantenimiento del padrón electoral que incluyeron la eliminación de votantes fallecidos, inscripciones inactivas y votantes que solicitaron su eliminación.

El tribunal de apelaciones no ha anunciado cuándo emitirá su decisión.

El resultado del caso podría afectar la forma en que se maneja la información de registro de votantes no solo en Michigan, sino también en otros estados que enfrentan desafíos legales similares por solicitudes de datos de votantes.